Convocatoria a Sesión Jurisdiccional Ordinaria de la Corte Constitucional del Ecuador

La Corte Constitucional del Ecuador convocó a una sesión jurisdiccional ordinaria el 27 de junio de 2024, a las 11:30 horas, en la sala de sesiones del pleno de la Corte Constitucional en Quito. Esta convocatoria fue realizada por el presidente de la Corte, Alí Lozada Prado, en conformidad con el artículo 193, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El propósito de esta sesión fue abordar una serie de temas jurídicos de relevancia nacional, incluyendo propuestas de enmiendas constitucionales, tratados internacionales, acciones de inconstitucionalidad, y casos de incumplimiento y protección.

La sesión comenzó con la verificación del quórum para asegurar que hubiera un número suficiente de jueces presentes para proceder. Una vez verificado el quórum, se instaló formalmente la sesión. Luego, se llevó a cabo la lectura y aprobación del orden del día, en la cual se revisó y aprobó formalmente el plan de temas a tratar. Posteriormente, se aprobó el acta de la sesión jurisdiccional ordinaria anterior, garantizando así la continuidad y legalidad de los procedimientos de la Corte.

En el núcleo de la sesión, se discutieron y aprobaron varios proyectos de resoluciones jurisdiccionales. Estas resoluciones fueron cruciales ya que determinaron la postura de la Corte sobre diversos casos presentados para su consideración. Además, se presentaron y debatieron comunicaciones oficiales relevantes, permitiendo a los jueces mantenerse informados sobre asuntos importantes y coordinar futuras acciones.

Uno de los aspectos más destacados de la sesión fue la discusión sobre propuestas de enmiendas constitucionales y tratados internacionales. Por ejemplo, se revisó la propuesta de enmienda constitucional (caso 3-24-RC), que definió el procedimiento de tramitación conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el juez Enrique Herrería Bonnet como ponente. También se evaluó el dictamen sobre el "Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América" (caso 8-24-TI), con la jueza Alejandra Cárdenas Reyes como ponente.

Otro punto clave de la sesión fue la evaluación de acciones de inconstitucionalidad de actos normativos. Un ejemplo fue el caso 68-20-IN, que cuestionó la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con el juez Richard Ortiz Ortiz como ponente. Asimismo, se examinó la solicitud de inconstitucionalidad de varios artículos del Acuerdo Ministerial del Ministerio del Agua y del Ambiente (caso 122-21-IN), con la jueza Daniela Salazar Marín como ponente.

En cuanto a las acciones de incumplimiento, se abordaron casos como el 237-22-IS, que trató sobre el cumplimiento de una decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con el juez Jhoel Escudero Soliz como ponente. Otro caso fue el 30-23-IS, relacionado con la resolución 1233-2006-RA emitida en 2008, con la jueza Carmen Corral Ponce como ponente. También se revisó el cumplimiento de una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Napo (caso 91-23-IS), con el juez Alí Lozada Prado como ponente.

Las acciones extraordinarias de protección también fueron discutidas. Por ejemplo, se analizó el caso 1776-17-EP (confidencial), que desafió una decisión de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con la jueza Karla Andrade Quevedo como ponente. También se revisó el caso 265-20-EP, que impugnó una sentencia de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con la jueza Daniela Salazar Marín como ponente.

Finalmente, se abordaron reingresos y el seguimiento de sentencias. Un caso fue el 2054-20-EP, que impugnó una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, con el juez Enrique Herrería Bonnet como ponente. Otro caso tratado fue el 1776-21-EP, que desafió sentencias del Tribunal de Garantías Penales de Machala y de la Corte Nacional de Justicia, con la jueza Alejandra Cárdenas Reyes como ponente. Además, se revisó el caso 1911-21-EP, que impugnó una sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con el juez Richard Ortiz Ortiz como ponente. La sesión también incluyó la verificación del cumplimiento de sentencias anteriores por parte de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, asegurando que las decisiones judiciales fueran implementadas efectivamente.

El objetivo principal de esta sesión jurisdiccional ordinaria de la Corte Constitucional del Ecuador fue mantener el orden constitucional y legal del país a través de la revisión y resolución de importantes asuntos jurídicos. Se esperaba que los jueces aprobaran el acta de la sesión anterior y el orden del día, garantizando la continuidad del trabajo de la Corte. Además, se anticipó la adopción de decisiones sobre las propuestas de enmiendas constitucionales y tratados internacionales, determinando su constitucionalidad y el procedimiento adecuado para su tramitación. Asimismo, se evaluaron y resolvieron las solicitudes de inconstitucionalidad de actos normativos, protegiendo así los derechos constitucionales y garantizando el respeto a la normativa superior. Las acciones de incumplimiento y de protección fueron dictaminadas, asegurando el cumplimiento de sentencias judiciales previas y la protección de derechos fundamentales. Finalmente, se supervisó el cumplimiento de sentencias anteriores, garantizando que las decisiones judiciales fueran implementadas de manera efectiva.

En resumen, esta sesión reflejó el compromiso de la Corte Constitucional con la protección del orden constitucional y la garantía de los derechos de los ciudadanos, abordando una variedad de temas jurídicos de gran importancia para el país.